LÍNEAS TEMÁTICAS 1.- Memoria, impunidad y derecho a la verdad Los procesos de reparación estatal para las víct...

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LÍNEAS TEMÁTICAS

1.- Memoria, impunidad y derecho a la verdad

Los procesos de reparación estatal para las víctimas de violaciones de derechos humanos acontecidas durante el conflicto armado interno sufren el letargo de un acceso deficiente a la justicia y la ausencia de un compromiso real con la verdad de la tragedia que vivió el país.

A pesar de la sentencia al ex dictador Alberto Fujimori y de su asesor presidencial Vladimiro Montesinos, muchas de las violaciones a la vida, libertad, integridad, salud –entre otras vejaciones cometidas entre 1980 y 2000– siguen impunes y los tiempos políticos que se avecinan no parecen proponer mejores escenarios.

A pesar de la reciente aprobación de una ley de búsqueda de desaparecidos o las exigencias de reparación digna a las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas, destaca la poca relevancia que ha tenido para el Estado el derecho a conocer la verdad de los acontecimientos injustos y dolorosos causados por la violencia estatal y no estatal.

Los discursos oficiales están llenos de triunfalismo y negación de responsabilidades, mientras que la proyección del terror en el imaginario colectivo es instrumentalizada para justificar nuevas políticas represivas tras la fallida transición posdictatorial. Se evidencia que la memoria sigue siendo un terreno de disputa, en el que se superponen más continuidades que rupturas.

2.- Pluralismo jurídico, derechos humanos y pueblos indígenas

En la actualidad existen importantes avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Sin duda, las luchas indígenas contra el despojo y el reconocimiento de la diversidad cultural han sido fundamentales para lograr avances en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A su vez, han motivado nuevos debates constitucionales y políticos sobre la autodeterminación, así como una creciente jurisprudencia comparada en torno al derecho a la consulta previa.

Sin embargo, existen obstáculos estructurales mayores que abonan al ´déficit de implementación´ de los derechos y garantías existentes. Esto se debe a que la especificación de derechos de los pueblos indígenas ha avanzado en tensión con tendencias globales de despojo de bienes colectivos de pueblos y naciones. La razón de mercado suele imponerse en reiteradas ocasiones sobre los derechos, mientras que el monismo jurídico invisibiliza el derecho propio de los pueblos indígenas.

De esta tensión resultan múltiples desencuentros, cuyas raíces históricas coloniales son relevantes y nos conducen a valorar la autodeterminación de los pueblos indígenas y sus formas jurídicas de realización, enriqueciendo nuevas vías de fundamentación de los derechos humanos desde un enfoque de no-dominación.

3.- Justicia constitucional y derechos sociales

La concepción subvalorada de los derechos sociales está asociada al debilitamiento de garantías jurídicas y acciones públicas orientadas a superar contextos de pobreza, exclusión y opresión. Una equívoca concepción de subordinación generacional de los derechos sociales ha sido puesta en cuestión tanto en el plano de la teoría de los derechos humanos como en diversas experiencias de exigibilidad jurídica, favorecidas a partir de la constitucionalización de los derechos sociales en América Latina a inicios del siglo pasado.

Las condiciones materiales de vida que afrontan millones de personas en situación de desventaja pueden ser afrontadas por políticas que garanticen el acceso a los bienes necesarios para la satisfacción de derechos sociales; sin embargo, graves obstáculos abonan a la desigualdad y discriminación. Pese a ello, la judicialización de los derechos sociales ha constituido una herramienta –ciertamente limitada– para responder a la inacción estatal o a los abusos del poder privado en casos individuales y colectivos.

En esa perspectiva, la justicia constitucional está llamada a constituirse en un espacio preferente de protección de los derechos fundamentales a la salud, trabajo, seguridad social, educación, alimentación, vivienda, medio ambiente, agua, entre otros; un espacio que es activado por quienes sufren los impactos de su privación o vulneración, lo cual nos conduce a repensar su rol en la esfera pública así como la posibilidad de imaginar nuevos caminos para afrontar los desafíos de la desigualdad.

4.- Sujetos colectivos de derechos humanos emergentes

La praxis colectiva de sujetos sociales ha sido crucial para el reconocimiento y protección de los derechos humanos. Si bien desde la filosofía y la teoría jurídica se ha fundamentado ampliamente la universalidad de los derechos humanos con base en la propia condición humana, no es menos cierto que en el plano socio-histórico los derechos no aparecen como un decálogo completo, por el contrario, surgen y se amplían en contextos concretos como reivindicaciones de personas, grupos o comunidades identificadas con necesidades urgentes e intereses concretos que comporten su dignidad.

Los derechos humanos son el resultado de un complejo proceso inacabado, conforme lo ha proclamado la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes: emergen nuevos compromisos, necesidades, nuevos derechos y, sobre todo, una toma de conciencia de las sociedades actuales que hacen visibles a pueblos y grupos sociales.

Nuevos derechos o la ampliación de derechos reconocidos parcialmente son posibles en virtud de sujetos o movimientos sociales, una sociedad civil emergente que tradicionalmente ha sido excluida de la aprobación de normas internacionales o nacionales. Las exigencias de dichos sujetos, que en ocasiones extremas son víctimas de estigmatización mediática o coerción penal, son plausibles de un análisis que valore el derecho a tener derechos y a defenderlos.